En el Espacio de Autogestores de esta semana tuvimos como invitados a los autogestores de Huércal de Almería: Javi Pérez, Luis Andreu y Maria José Martínez. Comentaron una noticia sobre el matrimonio de personas con discapacidad, que se publicó en prensa  hace unas semanas relativa a la reforma del Código Civil que en su reformado artículo 56 dice así: «Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá un dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».

Nuestros autogestores consideran la reforma como humillante. Tienen muy claro que no se puede quedar así, ya que ellos también quieren que se elimine ese artículo “no necesitamos que nadie nos diga, y menos un Ministerio o un médico, que tenemos una discapacidad que nos impide o no casarnos».

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Derecho al matrimonio libre: «Nos tratan como a niños; tengo una discapacidad pero puedo casarme»

El próximo 30 de junio entra en vigor el artículo del Código Civil que exige un certificado médico al sordo o ciego que quiera contraer matrimonio.

Magdalena Mora y Tomás Arrabal llevan un año escaso de casados. Antes habían sido novios durante mucho tiempo, fueron pareja de hecho luego y decidieron contraer matrimonio. Tienen 40 y 41 años y son una de las parejas que se conocieron en la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, donde trabajan y se desarrollan cientos de personas con discapacidad intelectual, y que han pasado por el altar y/o la notaría por una razón única: el amor. Con una sobriedad enorme, Magdalena confiesa: «Nos tratan como a niños. Tengo una discapacidad intelectual, pero claro que sé si quiero o no casarme».

La presidenta de la Fundación, Almudena Martorell, define a esta pareja como «cañeros». Ella misma ha conocido en los talleres de la entidad a muchos chicos y chicas que «hacían migas» y acababan formalizando su unión. Como en el trasiego de cualquier instituto o universidad, una discoteca o una oficina. Para ella, no es extraño que surjan esas alianzas y, como Agustín Matías, gerente de Down España, destacan que normalmente las personas con síndrome de Down o con una discapacidad intelectual «suelen unirse con otros jóvenes de su entorno, y es normal».

Martorell arroja luz a la polémica que saltó el pasado mes de diciembre, pero que se ha acentuado esta misma semana cuando el PSOE se reúne con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y plantea en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para revocar la norma que debe entrar en vigor el 30 de junio de 2017. La controversia remite a julio de 2015, cuando el Gobierno del Partido Popular aprueba la reforma del articulado del Código Civil y en el punto 56 se introduce un elemento nuevo. El párrafo de la discordia alude a personas con discapacidad, sordos o ciegos, por poner dos colectivos, y dice así (sic): «Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá un dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».

Para evitar estafas

Y la presidenta de la Carmen Pardo-Valcarce responde, con clarividencia: «En la esencia de buscar la máxima protección de un colectivo vulnerable, por ejemplo, para que estas personas con discapacidad no se viesen estafadas por alguien que se casa por conveniencia para cobrar su herencia, se vulneran sus derechos».

«Es un error, sin ninguna intención de hacer daño al discapacitado, pero la limitación de derechos de un colectivo en exclusión es el caldo de cultivo propicio para una exclusión mayor», dice.

Y en su afirmación coinciden, como voces de un coro, todas y cada una de las entidades que representan al colectivo en conversación con ABC. Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), no oculta su enfado. «Es humillante. Tenemos muy claro que no se puede quedar así, pedimos que se elimine ese artículo. La población sorda no necesita que nadie le diga, y menos un Ministerio o un médico, que tiene una discapacidad auditiva que le impide o no casarse. Entendemos que es una equivocación, no intencionada, pero es un error cometido. También sabemos por parte del Gobierno que hay una resolución de una circular del 23 de diciembre en la que el Ministerio de Justicia pide a los registros civiles que si no han llegado a modificar el artículo, no lo apliquen, sean flexibles».

Concha tiene razón. El departamento comandado por Rafael Catalá avanzó el contenido de esa circular, a la que ha tenido acceso este periódico. En dicha instrucción, dictada por la Dirección General de los Registros y el Notariado a todos los registros a través de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. se reinterpreta el artículo 56. Se redacta en esta circular: «Se ha de clarificar el referido precepto [por la modificación del artículo legal], aclarándose que debe interpretarse siempre de manera estricta y en relación a supuestos excepcionales en los que la discapacidad afecte de forma evidente e impeditiva, aún proporcionados los apoyos precisos, a la capacidad para prestar el consentimiento» al enlace matrimonial.

«Retrocederíamos 50 años»

«Sería volver a 50 años atrás», se queja el gerente de Down España, que agrupa a todas las entidades autonómicas que representan a personas con esa alteración genética. «Se ha tardado muchos años en entender el beneficio que supone para estas personas tener su vida independiente, con su vivienda, sus amigos… y su vida afectivo-sexual, como para retrasarnos de este modo», alude Agustín Matías, quien también habla de lo «intrusivos» que son algunos padres, incluso en este caso el Estado, en su afán superprotector. «Cada persona con síndrome de Down necesita unos apoyos, pero siempre con cierto equilibrio. También quiere que se le deje su espacio», afirma.

Matías, en cuyo análisis coincide con el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, remarcan que el Ejecutivo cometió «un error en el redactado de la ley porque se plantea un mecanismo discriminatorio que no tiene sentido. Coarta la libertad de las personas con discapacidad para que puedan llevar adelante su vida». Otra cosa es que en casos extremos, como parece que va a ser a tenor de la respuesta del Ministerio de Justicia, se «haga una valoración médica» para decidir «si se procede a lo que antes se conocía como incapacitación de una persona, y ahora se llama modificación de la capacidad de obrar», indica Matías.

«Me casaría mil veces»

Magdalena Mora se pronuncia, nuevamente, sobre la polémica por el artículo reformado del Código Civil: «Decidí casarme porque Tomás es un hombre muy bueno, algunas veces me enfado con él por cómo hace las cosas de casa, pero se me pasa enseguida. Hacemos la compra, llevamos el dinero y muchos días cuidamos de mi madre, porque está muy mayor. Hubo gente que nos criticó y dijo que no íbamos a aguantar juntos, pero por lo general, nos dicen, como todo el mundo aquí dentro, que en realidad somos un ejemplo para ellos».

Cerca de ella sonríe y asiente la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que vela por los derechos de personas con discapacidad desde el año 1948. Reseña que en esas mismas paredes, donde Magdalena trabaja en el taller de filatelia y Tomás ejerce desde hace años en la cabina de pintura, ha visto a muchas mujeres que han sacado adelante a sus hijos, y ningún médico ha tenido que decir si serían o no buenas madres.

«Me volvería a casar una y mil veces si volviese a nacer», responde Magdalena. Y zanja cualquier otra observación, muy contundente: «Y siempre sería con Tomás».

Fuente: www.abc.es