Los padres de Mara, 21 años, estaban intentando proteger a su hija de posibles estafas por parte de terceros, cuando se toparon con un daño colateral que no habían previsto. Al cumplir 18 años, en la fundación Down, donde hace terapia, les aconsejaron ejercer una prórroga de su patria potestad para preservar sus derechos y que nadie actuara en su nombre. Su hija, que nació con una lesión cerebral, sufre, entre otros síntomas, epilepsia y tiene dañados los órganos que interfieren en el habla. Tiene reconocida una discapacidad del 75%.
“El disgusto nos lo llevamos cuando comprobamos que, al prorrogar la patria potestad, le retiraron el derecho al voto”, dice su madre, Mar Caamaño, residente en Santiago de Compostela, que prefiere que su hija no hable con los medios de comunicación por su limitación en el habla. “A Mara le hicieron varias entrevistas y un examen, y le preguntaron hasta en dos ocasiones si quería votar y ambas veces dijo que sí. Cuando supimos que le habían retirado el derecho al voto, recurrimos en la Audiencia, luego en el Supremo y finalmente en el Constitucional, donde hace meses le denegaron finalmente ese derecho”. Después llevaron el caso al Tribunal de Estrasburgo.
Los padres de Mara y ella misma descubrieron en el transcurso de sus recursos que, al igual que ella, hay cerca de 100.000 personas incapacitadas —por discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, a quienes se les ha modificado la capacidad jurídica “limitando drásticamente sus derechos políticos”, en palabras de Caamaño. “En el caso de Mara tenemos muy claro que ella no se deja influir por nuestro voto, porque ella no tiene la misma elección que nosotros”, insiste. “Ella, cada vez que ha votado, que han sido varias veces, porque la sentencia no ha sido firme hace unos meses, a ella no le gusta llevar la papeleta desde casa, sino que elige con cuidado a las personas que le gustan en función de lo que dicen cuando salen por la tele y se coge su tiempo para votar. La sorpresa me la llevé la primera vez que lo hizo”. A los padres de Mara les duele especialmente que en la sentencia se afirme que su hija es “influenciable” y “manejable”.
La diputada del PSOE de la Asamblea de Madrid Mónica Silvana, se dirigirá este martes en el Congreso a los Diputados para que aprueben una Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La iniciativa legislativa surgió de la Asamblea de Madrid y se aprobó por unanimidad tras debatir las enmiendas que incluyó el PP al texto. “Esta iniciativa no solo servirá para que se completen los derechos de las personas con alguna discapacidad intelectual, sino que va a mejorar y legitimar al conjunto del sistema democrático”, dice Silvana. “Y es responsabilidad nuestra, de los representantes públicos que hemos sido elegidos democráticamente para conformar las instituciones, garantizar que esos derechos que tienen no sean vulnerados”.
Mariano Casado, de Plena Inclusión, la federación que integra a 110 asociaciones de familias y personas con discapacidad de Madrid, opina que “más que justificar por qué tienen derecho a votar estas personas, habría que pedir que se explicara por qué se las priva de este derecho fundamental”, empieza. “Se trata de derecho prioritario para las personas con discapacidad, que cada vez tienen más presente que quieren autogobernarse y que se oiga su voz en cualquier foro de discusión donde se hable y tener la capacidad de elegir a quienes dirigen la vida política”.
La justificación de la reforma, explica Silvana, se sustenta en el hecho de que España en 2008 ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que sigue sin una traslación en nuestro ordenamiento jurídico. “Hace ya cinco años que Naciones Unidas recordó a España la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General porque ‘la privación de ese derecho parece ser la regla y no la excepción”, recalca Silvana.
“Somos conscientes también de que la legislación, por sí sola, no garantiza que las personas con discapacidad gocen plenamente de sus derechos”, continúa. “Sabemos que se necesitan políticas y programas eficaces, con impacto real en la vida de cada una de estas personas, con capacidad para erradicar leyes, prácticas, comportamientos y creencias que aún persisten y golpean directa o indirectamente sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
La madre de Mara justifica su lucha para recuperar el derecho a votar de su hija. “Yo siempre he vivido en democracia, pero sé que mi madre no podía ir a votar sin el consentimiento de mi padre. No entiendo que si tanto se ha luchado por la gente con una discapacidad intelectual, no les demos el derecho a votar. No quiero que le den a todo el mundo ese derecho, sino que le hagan a todo el mundo el mismo examen que le hicieron a ella”, continua. “Que nos hagan a todos la misma criba, a ver si todos sabemos quién tiene más poder, si Mariano Rajoy o el Rey u otras cuestiones que le preguntaron a ella”.
Fuente: El País 07/11/2017
