Con motivo del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, nuestros compañeros de una de las residencias que ASPAPROS gestiona en Huércal de Almería, han querido realizar esta viñeta para dar énfasis en la importancia del empleo, uno de los aspectos clave para la inclusión de las personas, no sólo porque garantiza su independencia económica y favorece su autodeterminación, también porque amplía el espectro de relaciones con otras personas sin discapacidad y de oportunidades de disfrutar de otros aspectos vitales a los que estas personas tienen mayores dificultades de acceder, como el ocio, la cultura, etc.
Desde 2009, el 2% de las plazas de Función Pública se reservan para personas con discapacidad intelectual. Desde 2011 se han realizado 4 convocatorias estatales para que sean cubiertas 149 plazas. Actualmente hay abiertas convocatorias de acceso en varias comunidades autónomas.
Reivindicamos que se cumplan las convocatorias del 2% de plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, que se diversifique la oferta de perfiles laborales y que las convocatorias cuenten con contenidos accesibles y adaptados en lectura fácil, tanto las de acceso como las de promoción interna. Estas adaptaciones aseguran la equiparación de oportunidades y de resultados.
En el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, los Estados reconocen el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas, así como ganarse la vida con un trabajo libremente elegido en entornos laborales que sean abiertos, accesibles e inclusivos. Promueve además que los Estados adoptarán medidas tales como la de emplear a personas con discapacidad en el sector público.
Según los datos del INE, en 2013 el salario anual bruto de las personas con discapacidad era de 19.138,6€, un 16% más bajo que el del resto de la población, brecha que ha ido aumentando progresivamente en estos años (del 10% en 2010 al 16% actual).
En el caso de las personas con discapacidad intelectual las diferencias salariales son elevadas, tanto en el salario anual, mensual y hora. Su salario medio anual es del 61% del salario medio del colectivo (11.742,5€), su salario mensual es un 31% menos que la media de las personas con discapacidad, y por hora, cobran 7,5 EUR mientras que la media del resto de la población es de 14,7 EUR, prácticamente el doble.
Las personas con discapacidad intelectual que no tienen trabajo, o no están en un proceso de búsqueda activa de empleo, equivalen a la población total de Salamanca, una ciudad con casi 145.000 personas.
Según los datos recogidos en el informe ODISMET 2016, la tasa de actividad, de las personas en edad laboral, del colectivo con discapacidad intelectual se sitúa en el 30% frente al 78% en el caso de las personas sin discapacidad. Es decir, 122.000 personas inactivas por el simple hecho de tener una discapacidad intelectual.
Reivindicamos la necesidad de generar conocimiento sobre el beneficio potencial que las personas con discapacidad intelectual pueden aportar a la sociedad mediante su trabajo, así como reivindicamos mismas oportunidades de participación para todas las personas en una sociedad justa y diversa. Apostando por una visión inclusiva donde todos tenemos algo que aportar cada cual con identidad propia.
Los últimos datos del observatorio ODISMET revelan que el 28,5% de la población con discapacidad intelectual no tiene formación en comparación con la media del 3,5% del resto de la población con discapacidad. Paralelamente, es la población que está cursando más estudios (12,6 %), un 82% por encima de la media del colectivo, quizás por la mayor prolongación de su etapa formativa y el menor acceso al empleo pero a la vez es la que mantiene la tasa de paro más alta de un 42%.
Bajos niveles formativos, alto nivel de analfabetismo y formación prolongada se ven aumentados por la existencia de barreras en centros educativos así como los procesos educativos. Al igual que en el acceso al empleo, cuando las estadísticas refieren a barreras para la formación se refiere principalmente a “restricciones de la persona para acceder” a la formación. Es decir, continúa depositándose la responsabilidad de la inclusión en la propia persona con discapacidad y seguimos sin evidenciar la multitud de barreras en el acceso a la información, de la comunicación y el estigma social que se mantiene respecto a las posibilidades de las personas con discapacidad intelectual.
Fuente: www.plenainclusion.org