Viñeta #MIVOTOCUENTA.

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La viñeta de esta semana está creada por nuestros compañeros del Centro Ocupacional de Viator, como sabéis ayer se manifestaron personas con discapacidad ante el Tribunal Constitucional para reclamar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y la accesibilidad cognitiva de los procesos electorales.

Cientos de manifestantes piden ante el Constitucional el voto para todas las personas con discapacidad intelectual.

Según la organización, cerca de 100.000 personas están incapacitadas judicialmente para votar

Una protesta, este miércoles, ante el Constitucional.

Cientos de manifestantes han pedido este miércoles ante Tribunal Constitucional el voto para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. La concentración, convocada por las asociaciones Plena Inclusión, Down España y CERMI, se ha organizado después de que a Mara Caamaño, una gallega de 20 años, un juez le retirara el derecho a voto tras declarar su incapacidad legal. Mar Caamaño, madre de Mara, no sabía que la medida que  solicitaba al juez para proteger los bienes de su hija iba a conllevar una incapacidad legal que le impide votar.

«Esto es solo una gotita más. A raíz de esta situación hemos pensado que teníamos que salir a la calle para que estas cosas no sigan sucediendo», ha defendido Santiago López Noguera, presidente de Plena Inclusión. Según estas organizaciones, cerca de 100.000 personas están incapacitadas judicialmente para votar en España.

La Ley Electoral vigente no impide votar a personas con discapacidad, pero deniega el voto a quienes han sido incapacitados legalmente por sentencia. Es el caso de Caamaño. Cuando cumplió 18 años sus padres solicitaron una incapacitación parcial para pedir una prórroga de la patria potestad. Al igual que los padres de Mara, algunos progenitores de jóvenes con discapacidad psíquica solicitan esta medida para proteger los bienes de sus hijos cuando estos cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, según Plena Inclusión, muchos de los padres no saben que una sentencia de este tipo supone la pérdida del derecho a voto.

Como Caamaño, Alexia Vicente, de 33 años, tampoco puede votar. Hace casi una década una sentencia la inhabilitó para esta práctica. Vicente asegura que le interesa el futuro de su país, que acostumbra a ver las noticias y que se considera una persona informada. Fabián Cámara, presidente de Down España, afirma que los derechos deben ser los mismos para todos los españoles. La asociación reivindica el voto a todos los españoles sin ninguna exclusión: «En el momento en el que exista la más mínima restricción en la ley va a haber casos como este, en los que haya que interpretar. No queremos interpretaciones».

Para evaluar las condiciones de la persona antes de dictar una sentencia  de incapacidad legal, se hacen exámenes que determinan el grado de capacidad. Aunque no existe un examen tipo, las organizaciones consideran que «muchos ciudadanos no sabrían responder en estas pruebas». Antonio Hinojosa ha sido el encargado de leer este miércoles el manifiesto junto a la madre de Caamaño. «Venimos aquí porque en la actualidad hay más de 100.000 personas con discapacidad intelectual que están viendo en peligro su derecho al voto, y eso incumple varios artículos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», afirma Hinojosa.

Fuente: www.elpais.com

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